OBSERVATORIO del CONSEJO DE ESTUDIOS

 

 

 

 

1982-2018

Fundación para la Promoción de los Estudios Financieros
   
   

Actualidad del Derecho Financiero y Tributario - Febrero 2018

INFORMACIÓN, ANÁLISIS, OPINIÓN

 
INFORMACIÓN

El IMPUESTAZO y los Globos Sonda. Las contradictorias / confusas manifestaciones de cualificadas representaciones del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

De «Impuestazo» ha sido calificado por algún destacado comentarista (Juan Ramón Rallo. Diario Opinión, 13.02.2018), el impuesto extraordinario y temporal con el que «alguien» (a apropósito de los planes que se están manejando en el seno de la OCDE) podría haber pensado en gravar el volumen de ventas a las grandes compañías extranjeras, denominadas tecnológicas (Google, Amazon, Facebook o Apple).

Teniendo en cuenta las prácticas políticas habituales, las contradictorias manifestaciones del Ministro de Hacienda y Función Pública y sus subordinados (Alberto García Valera, Director General de Tributos, y María José Garde, Subdirectora General de Fiscalidad Internacional en la Dirección General de Tributos y presidenta del Foro de Transparencia Global de la OCDE) podríamos interpretarlas como «globos sonda» lanzados por los subordinados y oportunamente pinchados por el «JEFE».

En jornada organizada por PwC y APD, María José Garde decía: La solución adecuada debe ser a largo plazo y con nuevos modelos internacionales consensuados. Mientras esto se logra, hay Estados como España que ven conveniente impulsar impuestos de forma temporal. Por su parte, también en el mismo Foro, Alberto García Valera explicaba que a corto plazo se buscarán fórmulas para gravar el volumen de negocio de las grandes tecnológicas, y a largo plazo se delimitará lo que constituya el “establecimiento digital fiscal”, una vez que el establecimiento permanente tradicional no es un concepto útil para determinadas actividades de la economía digital. Por su parte, el Ministro de Hacienda y Función Pública manifestó a los Medios que se estaba ello pero que necesariamente había que hacerlo en línea con la OCDE (Diario EXPANSIÓN, edición digital del 13.02.2018).

«Fuentes» del Ministerio de Hacienda y Función Pública añadía un punto más al grado de confusión precisando que «NO SE ESTÁ ESTUDIANDO actualmente crear una figura impositiva con carácter temporal para gravar a las grandes corporaciones tecnológicas».

«El ECONOMISTA» (Edición digital del 14.02.2018) recogía información al respecto de Xavier Gil Pecharromán que encabezaba su comentario con el siguiente párrafo: «La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) rechaza la adopción de normativas unilaterales temporales por parte de los Estados para gravar a las empresas de la economía digital, porque podrían generar distorsiones económicas y llevar a escenarios de doble imposición».

El IMPUESTAZO. Un planteamiento sereno de la cuestión, bajo el título ¿Por fin un ‘Google tax’?, el que hacía Roberta Poza (Socia de Fiscalidad Internacional de PwC Tax and Legal Services) en colaboración publicada por el Diario Expansión (13.02.2018).

«Lo más complicado a la hora de configurarlo [Impuesto sobre las ventas de las empresas digitales) es determinar qué empresas o qué bienes y servicios están gravados, es decir, ¿qué es digital?, ¿qué empresas lo son? Esta pregunta, que ya surgió al inicio de los debates de la acción primera de BEPS, no tiene una respuesta fácil. Hoy en día prácticamente todas las empresas, en mayor o menor medida, son digitales y no se debería discriminar a unas respecto a otras»

«Adicionalmente, el impuesto no debe ir en contra de los convenios de doble imposición, que impiden gravar un beneficio empresarial en el país de la fuente si no hay un establecimiento permanente. Para evitar esto, podría configurarse como un impuesto indirecto, que grava una manifestación indirecta de la capacidad económica, como es el consumo de determinados bienes o servicios, ya que los impuestos indirectos no están incluidos en el ámbito de los convenios de doble imposición»

«En definitiva, no es una discusión ni un problema fácil pero, de establecerse este impuesto, debería articularse de manera que no dé lugar a discriminaciones ni a problemas con los convenios de doble imposición y, como parece, que se imponga por el mayor número posible de países y, cómo mínimo, en toda la UE»

La modificación del SISTEMA DE FINANCIACIÓN de las CC.AA. Confidencias de algunos miembros de la Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica

Trascurridos ya unos meses desde que se presentara el «Informe de la Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica (Julio,2017), la inquietud surgida en los primeros compases del año 2018 por que se lleve a cabo cuanto antes la reforma del sistema de financiación de las CC.AA (La reforma que todos piden y  nadie concreta, según el Profesor JAVIER LASARTE en artículo publicado -23.01.2018- en el Diario EL MUNDO) nos ha traído a la actualidad el dicho Informe de la mano de dos prestigiosos expertos que participaron en la citada Comisión.

Y es que si la cuestión de la financiación de las CC. AA está complicada, como revela el Informe de referencia, y se ha complicado considerablemente a la vista de la sugerencia del responsable máximo del Gobierno de la Comunidad Autónoma del País vasco: extender el sistema del Cupo, al menos en su espíritu, a todas las CC.AA.

- GUILLEM LÓPEZ CASASNOVAS, Catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona [representante de Baleares en la Comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica] en su artículo publicado en el Diario El País (17.01.2018), contaba lo siguiente: «Mientras, en lo que sí había unanimidad de todas las partes, de todas las CC AA, de todos los representantes estatales, era en lo impresentable que resultaba el Cupo vasco. Y entre aquel junio y este noviembre, hemos recibido del ministerio dos tazas»

- Por su parte, el Diario ABC (29.01.2018) incluía estudio de JAVIER TAHIR en el autor sintetiza la información en los siguientes titulares: «Un cupo generalizado triplicaría la desigualdad entre comunidades» (Madrid, Baleares, Cataluña y Valencia serían las únicas regiones beneficiadas, mientras Canarias perdería un 84% de la financiación, y Extremadura, un 42,7%).

El contenido del estudio de TAHIR se sustenta en el Informe emitido del director de FEDEA, ÁNGEL DE LA FUENTE, que también fue miembro de la repetida Comisión de expertos. El Profesor De la Fuente concluye su informe con las siguientes palabras:

«Los argumentos a favor de la generalización del sistema foral de concierto o convenio son muy poco convincentes.  La propuesta supondría la renuncia de la Administración Central a la facultad de imponer tributos sobre sus ciudadanos, algo que hasta donde yo sé no sucede en ningún país del mundo. Es muy probable que un sistema de este tipo aumentase en alguna medida el grado de responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, que pasarían a ser las responsables del grueso del sistema tributario -- aunque quizás no tanto como se suele pensar porque las autonomías seguirían teniendo en la reducción de sus aportaciones a la Administración Central una alternativa practicable a la subida de sus impuestos como forma de financiar incrementos de gasto. Pero con toda seguridad las ganancias de bienestar obtenibles por esta vía se verían más que compensadas por los efectos adversos de un cambio radical en el equilibrio de poder  entre  administraciones  que  dejaría  a  la  Administración  Central  sin  las herramientas  necesarias  para  ejercer  correctamente  unas  funciones  de  coordinación, redistribución y estabilización que son esenciales para el buen funcionamiento del Estado y por un  aumento  muy  considerable  de  la  desigualdad  territorial  en  financiación  por  habitante  ajustado que plantearía serios problemas de equidad»

- EL Profesor JAVIER LASARTE, iniciaba el artículo de su autoría antes citado con el siguiente texto:

«Una vez más nos encontramos ante el difícil reto de revisar el sistema de financiación autonómica. Se trata de paliar los efectos destructivos de la larga crisis económica. Pero también hay que tener en cuenta la dinámica de la voracidad financiera de las comunidades autónomas frente al Estado surgida del modelo constitucional de 1978, diseñado con la ilusión e inocencia política propias de la primera etapa de toda democracia tras décadas de duro centralismo»; y finalizaba recogiendo las siguientes ideas: «Se abre la temporada de caza de ideas sobre Sucesiones, Patrimonio, Renta, IVA, Impuestos Especiales y unos cuantos fondos; pero no se afronta una reforma de mayor alcance.

Y el pueblo soberano refleja esa situación en preguntas elementales sobre ingresos, gastos, deuda, disparidades regionales, desigualdades fiscales y comportamiento de dirigentes políticos. Preguntas que no deben quedar sin respuesta.»

El Derecho Político-Administrativo aplicado por el SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA a propósito de la ausencia de titulares de las Vocalías del TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL y los ZOMBIS (pese a todo siempre profesionales responsables, nunca jamás «gremlins») en funciones. Y lo que faltaba, al final, la culpa es de la «cuestión catalana»

Las interpretaciones político-administrativas expuestas, en relación con la actual situación del TEAC, por el Secretario de Estado de Hacienda en su intervención en el Congreso de los Diputados (reproducidas en respuesta escrita del Gobierno a pregunta del luchador infatigable que es el Diputado DE LA TORRE) son merecedoras, sin duda, de ser recogidas en esa magnifica Página Web a través de la que conocemos las actividades del INAP (Instituto Nacional de Administración Publica: «LA ADMINISTRACIÓN AL DÍA») y los muy interesantes estudios difundidos en dicha página(a resaltar uno de los últimamente: «Evaluación y perspectivas de la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. Andrea Garrido Juncal).

- Congreso de los Diputados. Comisión de Hacienda y Función Pública. Sesión núm. 13, celebrada el lunes 13 de noviembre de 2017. Comparecencia del señor secretario de Estado de Hacienda (Fernández de Moya Romero)

Veamos, la primera exposición del esperpento político-administrativo.

«Asimismo, señor presidente, en la medida en que corresponde a mi Secretaría de Estado, quiero hacer una valoración sobre los tribunales económico-administrativos y el Tribunal Económico Administrativo Central, sobre todo a raíz de alguna interpretación que ha producido la entrada en vigor del Decreto de estructura y de modificación del propio Ministerio de Hacienda y Función Pública aprobado precisamente a finales del mes de julio del presente año […].

Quiero indicarles que, no obstante, lo anterior y dada la importancia del trabajo que se realiza por el Tribunal Económico-Administrativo Central, se previó en el propio real decreto la necesidad de que se mantuviesen las funciones de los vocales en tanto se procedía a realizar el nombramiento de los vocales en las nuevas vocalías ad hoc creadas en el decreto de estructura del ministerio. A tal efecto, se previó en la disposición transitoria tercera establecer el régimen que debe mantenerse en tanto no se produzca la cobertura de las nuevas plazas creadas […]. Lo anterior supone que se mantiene el statu quo del Tribunal Económico Administrativo Central en tanto no se proceda al nombramiento de los titulares de las vocalías que les acabo de mencionar y que integran el contenido material del real decreto anteriormente citado.

Además, a través de la trascrita disposición transitoria tercera lo que se establece no es que los actuales vocales queden en funciones, sino que se mantienen en sus funciones exactamente igual que con anterioridad a que se promulgase el Real Decreto 769/2017, de 28 de julio. Este caso es absoluta y radicalmente opuesto al establecido en el Título IV de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. En él se establece, en su artículo 21, que el Gobierno en funciones limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas. Pero, señorías, y para finalizar respecto de este asunto, en este caso no nos encontramos con miembros del Gobierno ni concurren los presupuestos habilitantes que se citan en el artículo 21 de la antedicha norma, dado que el apartado segundo del artículo 1 de la Ley 50/1997 se refiere en exclusividad al Gobierno y su delimitación de composición lo es su presidente, vicepresidente o vicepresidentes y evidentemente los ministros.

Por lo tanto, no se aplica la citada norma ni existe ningún tipo de limitación a la actuación de los vocales del Tribunal Económico-Administrativo Central, más allá de las que le resultan aplicables en base a la competencia que legalmente les corresponde y tienen establecido. Con ello quiero poner en valor que, evidentemente, no estamos estableciendo ninguna merma en defensa de los derechos del contribuyente al acudir concretamente a la interposición de las correspondientes reclamaciones ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, que viene desarrollando sus funciones con plena y absoluta normalidad.»

Y, a mayor abundamiento del esperpento, ahora el argumento de la «cuestión catalana»

Congreso de los Diputados. Pregunta escrita
Autor:  DE LA TORRE DÍAZ, Francisco (GCS)
Respuesta del Gobierno (coincidente el texto con la intervención oral del Secretario de Estado, antes expuesta) por lo que se reproduce aquí el argumento novedoso.

«En relación con la información interesada, se señala que […]

Los acontecimientos de los meses de septiembre y octubre de 2017 han dificultado contar con un marco de reflexión adecuado para tomar una decisión tan trascendente sobre la cobertura de las Vocalías del Tribunal Económico - Administrativo Central»

«OPINIONES Y ACTITUDES FISCALES DE LOS ESPAÑOLES EN 2016». Informe elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda (Documento de Trabajo 11/2017).

Algunos medios periodísticos se han ocupado recientemente de analizar los datos y conclusiones que se recogen en el Informe de referencia que no es fácil encontrar en la Web, ciertamente muy mejorable, del Instituto de Estudios Fiscales (sin problema alguno el Informe podrá ser descargado tras su localización en Google utilizando el título de ese informe).

Como se indica en la Introducción del Informe con la publicación del estudio “Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2016” el Instituto de Estudios Fiscales «pone a disposición de los investigadores, tanto del sector público como del sector privado, unos datos que juzga relevantes para todos los interesados en la demoscopia fiscal. Así, al cumplir el objetivo de transparencia, se devuelve a la sociedad una información para cuya elaboración se ha pedido previamente la colaboración desinteresada de ciudadanos seleccionados de forma aleatoria. Es la única forma de dar las gracias a quienes no es posible conceder de forma individual».

Seguidamente se recogen algunos datos y conclusiones del Informe.

1. Comportamiento de los contribuyentes

- Cumplimiento fiscal

-Hay un predominio de quienes piensan que el cumplimiento fiscal no ha mejorado en la última década, continuando la tendencia negativa que se inicia en 2008, donde el 74% de los ciudadanos considera que el pago de impuestos ha empeorado. Del 26% de los ciudadanos que perciben una evolución positiva, lo atribuyen a tres factores de importancia desigual tales como las retenciones salariales, la Inspección de Hacienda o la conciencia cívica ciudadana.

- Fraude fiscal

-Casi siete de cada diez entrevistados en 2016 (el 71%), manifiesta que no encuentra justificación alguna al fraude fiscal (Tabla 2.10). Pero, casi un tercio de los ciudadanos justifica, de un modo u otro, la conducta defraudadora. No obstante, esta justificación tiende a basarse en un argumento auto exculpatorio: son las circunstancias las que obligan a defraudar para salir adelante (para el 20%), antes que en un argumento estructural: lo normal es evadir los impuestos (para el 9%).

-Entre los ciudadanos entrevistados en 2016 continúa predominando la percepción relativa a un aumento del fraude fiscal en la última década. Así, casi un 86% cree que el fraude ha aumentado, frente a un escaso 14% que cree que ha disminuido. La opinión pública continúa manifestando su convencimiento de los colectivos que más defraudan a la Hacienda Pública son los empresarios, seguido por el de los profesionales liberales, los trabajadores autónomos y los rentistas, mientras que el colectivo de los asalariados y los agricultores son aquellos, que creen los encuestados, mantienen la conducta fiscal más honesta.

[Para comprender mejor las ideas que subyacen en las percepciones de los ciudadanos sobre el comportamiento de los contribuyentes, el cuestionario incluía una serie de preguntas relativas a la extensión del fraude fiscal.  Tal como se muestra en la Tabla 2.4, las opiniones de los encuestados en 2016 no se encuentran polarizadas. Aproximadamente 4 de cada 10 encuestados piensan que, aunque persisten los engaños a la Agencia Tributaria a distintos niveles de incumplimiento fiscal, en general el pago de los impuestos se realiza de un modo bastante correcto (38%). Frente a estos ciudadanos, una proporción de más del doble (62%) considera que el fraude fiscal es una conducta generalizada entre los contribuyentes españoles. Esa percepción es común a todos los segmentos de ocupación, aunque se aprecia un pesimismo ligeramente mayor entre los trabajadores inactivos (63%)]

-Las principales causas del fraude fiscal mencionadas en 2016 son, primero, la impunidad de los defraudadores. Le siguen la falta de honradez y falta de conciencia cívica, la ineficacia en la lucha contra el fraude y la presión fiscal excesiva. De este modo, los datos sugieren una pauta perceptiva popular que considera el fraude fiscal como un fenómeno multi-causal. El hecho de que la economía sumergida ocupa un lugar preeminente en el imaginario colectivo como el tipo de fraude más pernicioso para la sociedad en su conjunto.

-Se observa un incremento de personas que opinan que el incumplimiento de las obligaciones fiscales es directamente proporcional al hecho de que existan menos recursos para prestaciones sociales, y por lo tanto una mayor presión fiscal para aquellos que sí la cumplen. Además de eso, hay que destacar que la mayoría de la población rechaza el comportamiento defraudador por razones de solidaridad y principios, seguido de algunos que justifican parcialmente cierto nivel de fraude para poder salir adelante. La minoría considera que el fraude es algo consustancial a lo cotidiano.

2. Imagen corporativa de la Hacienda Pública

-Siguen siendo minoría la proporción de contribuyentes que cumplimenta por sí mismos sus declaraciones y son cada vez más los que acuden a la Agencia Tributaria, siendo la modalidad de ayuda profesional gratuita más utilizada. A su vez, continúa creciendo el grado de conocimiento y de utilización de los servicios de la Agencia Tributaria

-En cuanto a la valoración de los servicios de la AEAT, dentro de los que no se abstienen de opinar predomina una valoración positiva de la capacidad que tienen tales servicios para resolver los problemas de los contribuyentes. Así lo ponen de manifiesto alrededor del 81% equivalente a una valoración de 2,9 (por encima del valor medio habitual de 2,5), valoración bastante homogénea al no apreciarse diferencias significativas según las distintas variables de clasificación.

-Respecto de la valoración de los funcionarios de la Agencia Tributaria Así se observa que:

- Los agricultores son quienes valoran más positivamente a los funcionarios de la Agencia Tributaria, otorgándoles puntuaciones iguales o superiores a la media global en todos los atributos;

- La corrección de los funcionarios es valorada por encima de la media tanto por los desempleados e inactivos como por los agricultores y los asalariados;

- Los empresarios, en términos generales, se muestran algo más críticos con la empatía de los funcionarios de la Agencia Tributaria, valorándola por debajo del punto medio de la escala.

-Considerando a la Hacienda Pública como institución, el resultado es que una amplia mayoría de las personas que han expresado su opinión manifiesta estar muy o bastante de acuerdo con la afirmación de que la Hacienda Pública desempeña una función necesaria para la sociedad, concretamente el 89%, mientras que, como contrapartida, un escaso 9% considera que si no se pagaran impuestos todos viviríamos mejor.

3. Renta Web

-Los resultados obtenidos de las opiniones de los entrevistados relacionadas con los datos fiscales proporcionados por Hacienda, nos muestran que algo más de la mitad de los entrevistados está “bastante o muy de acuerdo” con la afirmación de que cumplimentar la declaración de la renta lleva mucho tiempo y prácticamente la mitad también lo está con la afirmación de que recogen los ingresos de los contribuyentes de manera completa y precisa.

-En relación con la actitud del contribuyente en el caso de que Hacienda no refleje correctamente los datos del contribuyente, cabe decir que si Hacienda refleja menos ingresos que los reales las respuestas de los entrevistados se reparten de manera similar, si bien el mayor porcentaje para le respuesta ‘No sabe’ y en cambio si Hacienda refleja más ingresos de los reales, el 50% de los encuestados modificaría los datos, reduciendo en todo lo que pudiera su deuda tributaria.

También se les pregunta a los entrevistados las consecuencias que puede tener paran el contribuyente, según la percepción de los entrevistados, el hecho de modificar o no los datos iniciales proporcionados por Hacienda. El 39% de los entrevistados cree que el hecho de realizar algún tipo de cambio en los datos fiscales enviados por Hacienda, esté directamente ligado al hecho de ser inspeccionado por la entidad. Mientras que el 33,8% opina que cualquier tipo de cambio que pudieran hacer en sus datos fiscales no tendría un efecto directo sobre el hecho de ser inspeccionado o no.

 

 
   

 
     

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